Gobierno de Boric también firmó decretos de rebaja de condenas, afirma Gonzalo Arenas
POLÉMICA POR BENEFICIOS CARCELARIOS
El vocero de Gobierno exhibió documentos suscritos por el exministro de Justicia Jaime Gajardo y el actual titular de la cartera, Fernando Rabat, para defender la legalidad de los beneficios otorgados a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad. Además, planteó la necesidad de modificar la legislación vigente.
Viernes 23 de octubre de 2026 | Por Rodrigo Cabello
En medio de la polémica por la rebaja de condenas concedida a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, aseguró que durante la administración del expresidente Gabriel Boric también se firmaron decretos para otorgar este beneficio. Para respaldar su argumento, comparó documentos suscritos por el exministro de Justicia Jaime Gajardo y el actual titular de la cartera, Fernando Rabat, sosteniendo que ambos gobiernos actuaron conforme a la legislación vigente.
Durante su intervención, Arenas reconoció que la aplicación de estas rebajas genera incomodidad en el actual Ejecutivo, considerando sus compromisos en materia de seguridad pública y protección de niños, niñas y adolescentes. No obstante, sostuvo que el Ministerio de Justicia debe respetar las disposiciones legales que regulan estos beneficios.
“Por supuesto que el gobierno no está contento con los decretos que rebajan las penas. El gobierno ha prometido mano dura contra la delincuencia y ha prometido protección a los menores y, por lo tanto, es un tema que para nosotros es fundamental y es doloroso”, señaló.
Como parte de su defensa, el vocero presentó un decreto firmado por Jaime Gajardo durante el Gobierno de Boric y otro suscrito por Fernando Rabat en la actual administración. Según explicó, ambos documentos contienen disposiciones para conceder reducciones de condena, con lo que buscó demostrar que el procedimiento se ha aplicado bajo ambos gobiernos.
“El resultado es exactamente el mismo en el gobierno del presidente Gabriel Boric y en este gobierno. Por lo tanto, en ambos casos se cumplió con la ley, se cumplió con la normativa establecida, no se cometieron arbitrariedades”, afirmó Arenas.
El representante del Ejecutivo también invocó la Ley 19.856, que regula la reducción de condenas, para argumentar que la entrega de estos beneficios no constituye una facultad discrecional de las autoridades.
“Si ustedes revisan la ley, el artículo segundo señala expresamente que esto es un derecho. Por lo tanto, no puede ser negado por el Ministerio de Justicia porque se recurre a amparo, se va a los tribunales y los tribunales en forma consistente han dicho que se debe otorgar”, sostuvo.
Gobierno plantea modificar la ley
Pese a defender la legalidad de los decretos firmados durante ambas administraciones, Arenas manifestó que el Ejecutivo considera necesario introducir cambios a la normativa que regula estos beneficios, en medio del debate generado por su aplicación a personas condenadas por delitos sexuales contra menores.
“Ahora, dicho eso, estamos convencidos que es una ley que hay que modificar”, concluyó el vocero.
De esta manera, el Gobierno defendió la aplicación de la legislación vigente y abrió la discusión sobre eventuales modificaciones a las condiciones para acceder a las rebajas de condena en Chile.
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