UDI anuncia acusación constitucional contra ministro Pardow por error en cuentas de la luz
Miércoles 15 de octubre de 2025 | Por Rodrigo Cabello
La bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI) anunció una acusación constitucional contra el ministro de Energía, Diego Pardow, luego de que la Comisión Nacional de Energía (CNE) detectara un error en el cálculo de tarifas eléctricas. Según el informe, durante cuatro semestres se habría aplicado dos veces el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que generó cobros mayores a lo permitido por ley.
El secretario general de la UDI, diputado Juan Antonio Coloma, señaló que la acción se debe “por las graves consecuencias y negligencia, violación de ley y violación de norma constitucional, por haber su ministerio firmado los decretos que significaron el alza de hasta un 9% de las tarifas eléctricas, por un error metodológico o de cálculo, como se dice desde el ministerio”. Agregó que “esta situación gravísima afecta al bolsillo de los chilenos y no puede pasar desapercibida”.
Aunque la CNE fue la entidad que reconoció el error, los parlamentarios afirmaron que esto “no exime de responsabilidad al Gobierno, que tiene como labor emitir los decretos tarifarios en materia eléctrica”. El anuncio fue encabezado por Guillermo Ramírez, Juan Antonio Coloma, Henry Leal y Marco Antonio Sulantay, quienes señalaron que “aquí no solo ha existido una falta de supervisión y de control en un área tan sensible como es la fijación de precios de la energía, sino que también existe una vulneración al principio de probidad y a la responsabilidad política que le cabe al jefe de la cartera”.
Desde el oficialismo, el diputado socialista Marcos Ilabaca calificó la situación como “un tema escandaloso” y pidió la salida del ministro. “Es un tema escandaloso y ha dañado profundamente a todos los chilenos. Creo que existe responsabilidad política y alguien debe responder”, afirmó. “Yo esperaría, y conociendo al ministro Pardow, que de un paso al costado”, añadió.
La acusación constitucional es un mecanismo fiscalizador que puede aplicarse a ministros y otras autoridades. La Cámara de Diputadas y Diputados decide su admisibilidad, mientras que el Senado define la culpabilidad. Si se aprueba, la autoridad queda destituida y no puede ejercer cargos públicos por cinco años.
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