Diego Pardow entrega su defensa ante la comisión y acusa falta de fundamentos en la acusación constitucional
Política | Acusación Constitucional
El exministro de Energía presentó un informe de 121 páginas en el que solicita declarar inadmisible el libelo impulsado por la oposición, argumentando que no cumple con los requisitos constitucionales y que busca responsabilizarlo por actos ajenos al Ministerio.
Jueves 13 de noviembre de 2025 | Por Rodrigo Cabello
Cumpliendo con el plazo establecido, el exministro de Energía, Diego Pardow, entregó este jueves su informe de defensa a la comisión revisora que analiza la acusación constitucional en su contra, impulsada por parlamentarios de oposición tras el error en el cobro de las cuentas de electricidad. En un documento de 121 páginas, el exsecretario de Estado cuestiona la validez del libelo y solicita que sea declarado inadmisible, asegurando que carece de sustento jurídico y pretende atribuirle responsabilidades que no le corresponden.
Pardow comenzó su defensa señalando que “encontrándome dentro de plazo, vengo en lo principal a deducir cuestión previa de admisibilidad, solicitando que la misma sea acogida y se tenga la acusación por no presentada”, al considerar que el texto “no cumple con los requisitos mínimos establecidos en la Constitución Política de la República”.
El exministro sostuvo que la acusación “no encuentra asidero en las causales taxativamente previstas en la Constitución, no satisface los estándares mínimos de fundamentación necesarios, no me imputa responsabilidad por hechos propios y no respeta el carácter de ultima ratio que debe tener toda acusación constitucional”.
Uno de los puntos centrales de su argumento es que el Ministerio de Energía no tiene facultades jerárquicas sobre la Comisión Nacional de Energía (CNE). “La cartera no puede ejercer una potestad de dirección respecto de las actuaciones de la CNE, así como tampoco puede ejercer un control jerárquico respecto de los actos que emanen de la CNE”, explicó. En esa línea, agregó que responsabilizarlo por decisiones del organismo técnico “vulneraría el principio de legalidad”.
“Resulta claro que las y los acusadores buscan imputarme responsabilidad por actos de organismos descentralizados que no me correspondían como ministro de Estado, pues la normativa no otorga al Ministerio de Energía las competencias para fiscalizar las actuaciones del órgano técnico”, precisó. Además, advirtió que aceptar la acusación “enviaría un mensaje peligroso a los futuros ministros, al exigirles intervenir políticamente en la autonomía legal de órganos técnicos, lo que en contexto electoral podría comprometer la seguridad jurídica del país”.
Respecto a las críticas por no haber informado oportunamente a la ciudadanía sobre las irregularidades detectadas, Pardow explicó que “existían inconsistencias, pero sin claridad sobre la magnitud del error”, por lo que comunicar el hecho en esa etapa habría generado una alarma pública injustificada.
“Ante la falta de información cierta disponible, su comunicación pública en esta temprana etapa se traducía en introducir alarma en la ciudadanía, sin un objeto determinado, y ahí sí se podría haber comprometido el interés nacional”, sostuvo. En ese sentido, aseguró que una declaración anticipada habría significado intervenir indebidamente en el proceso técnico y pudo haber sido interpretada por la empresa Transelec como un acto de hostigamiento.
“De haber hecho un punto de prensa en la situación en que nos encontrábamos, Transelec hubiera podido usar dichas declaraciones en una eventual demanda ante el CIADI, si no hubiese terminado conforme con el resultado del acto administrativo, al considerar que se le estaba ‘expropiando’”, añadió.
Finalmente, el exministro solicitó que la comisión revisora cite a ocho abogados para exponer durante la discusión del libelo. La instancia, presidida por el diputado Jaime Mulet (FRVS), tiene seis días de plazo para analizar y votar el informe, y ya programó dos citaciones para este viernes.
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