Contraloría detecta millonarias irregularidades en uso de recursos por megaincendio en Valparaíso
Auditorías por emergencia de febrero de 2024 revelan graves falencias en organismos públicos
Cinco informes de auditoría revelaron pagos sin respaldo, gastos improcedentes y eventuales sobreprecios en la Delegación Presidencial Regional, municipios de Viña del Mar y Quilpué, y la Dirección Regional de Arquitectura del MOP. Se ordenaron sumarios y se remitieron antecedentes al Ministerio Público y al CDE.
Martes 10 de febrero de 2026 / Por Rodrigo Cabello
La Contraloría General de la República (CGR) detectó millonarias irregularidades en el uso de recursos públicos destinados a enfrentar la emergencia por el megaincendio que afectó a la región de Valparaíso en febrero de 2024. Los hallazgos quedaron al descubierto tras la emisión de cinco informes de auditoría que analizaron la gestión de distintos organismos involucrados en la respuesta a la catástrofe.
De acuerdo con los informes, las fiscalizaciones abarcaron a la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, las municipalidades de Viña del Mar y Quilpué, y la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Entre las principales observaciones se identificaron pagos no acreditados, gastos improcedentes, eventuales sobreprecios, deficiencias en los procesos de compra y falencias en el control de las ayudas entregadas a los damnificados.
Producto de estas irregularidades, la Contraloría instruyó la apertura de sumarios administrativos y resolvió remitir antecedentes tanto al Ministerio Público como al Consejo de Defensa del Estado (CDE), con el fin de determinar eventuales responsabilidades administrativas, civiles o penales.
En el caso de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, el Informe N°528 de 2025 estableció que se realizaron pagos por más de $586 millones sin el respaldo suficiente, en el contexto de adquisiciones efectuadas durante la emergencia. La auditoría también advirtió posibles sobreprecios y el uso injustificado del trato directo en contrataciones, lo que motivó el envío de antecedentes a organismos persecutores.
Respecto a la Municipalidad de Quilpué, el Informe N°535 de 2025 detectó gastos improcedentes, entre ellos la adquisición de cocinillas que no contaban con certificación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Asimismo, se constató el extravío de bienes donados y deficiencias en la entrega de ayudas a las familias afectadas, junto con falencias en la gestión de personal y proyectos asociados a la emergencia, lo que derivó en la instrucción de procesos disciplinarios.
En tanto, el Informe N°503 de 2025, referido a la Municipalidad de Viña del Mar, evidenció irregularidades en la administración de ingresos, gastos, donaciones y beneficios entregados a damnificados entre febrero de 2024 y abril de 2025. La CGR advirtió falta de trazabilidad en la entrega de ayudas, debilidades en la rendición de recursos y eventuales incumplimientos a la normativa de compras públicas.
Las observaciones más cuantiosas se concentraron en la Dirección Regional de Arquitectura del MOP. El Informe Final N°805 de 2025 estableció pagos indebidos por más de $434 millones asociados a demoliciones que no fueron ejecutadas o se realizaron de manera parcial. A ello se sumó el Informe Final N°500 de 2025, que detectó pagos no acreditados superiores a $782 millones en trabajos de demolición en el sector El Olivar, además de irregularidades en adjudicaciones, posibles sobreprecios y falta de respaldo documental.
Ante este escenario, Contraloría instruyó un sumario administrativo y solicitó antecedentes vinculados a una investigación previa de la Fiscalía Nacional del MOP, profundizando así la indagatoria por el uso de recursos públicos en una de las emergencias más graves que ha enfrentado la región de Valparaíso.
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