Séptimo Juzgado sobresee definitivamente al Presidente Boric por contratación de abogado con fondos fiscales
Justicia | Caso por uso de recursos públicos
El tribunal puso fin a la causa por presunta malversación vinculada al financiamiento estatal de la defensa jurídica del mandatario. El querellante, Raimundo Palamara, adelantó que apelará la resolución ante la Corte de Santiago.
Viernes 14 de noviembre de 2025 | Por Rodrigo Cabello
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó este viernes el sobreseimiento definitivo de la causa contra el Presidente Gabriel Boric, investigado por la contratación —con recursos públicos— del abogado Jonatan Valenzuela para representarlo en un proceso asociado a la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.
La resolución llega ocho meses después de que el Ministerio Público iniciara la indagatoria, tras la presentación de una querella del presidente de la Fundación Fuerza Ciudadana, Raimundo Palamara. El punto central del cuestionamiento era la contratación, mediante trato directo, del abogado Jonatan Valenzuela Saldías por un monto cercano a $13.800.000, operación realizada por la Presidencia en enero pasado para la defensa del mandatario.
Palamara sostuvo que el uso de fondos fiscales configuraría malversación, argumentando que la ley sólo permite financiar defensas jurídicas cuando los hechos investigados están directamente vinculados al ejercicio legítimo de las funciones públicas. Según él, ese no sería el caso. Por ello impulsó una nueva acción legal, paralela a la causa original.
Sin embargo, el 2 de septiembre, el Ministerio Público solicitó formalmente una audiencia para pedir el cierre definitivo del caso. Este viernes, durante la instancia judicial, el abogado Valenzuela intervino nuevamente en representación del jefe de Estado y confirmó que la defensa se sumó a la postura de la Fiscalía.
“La solicitud se basa en que no existe ni ha existido delito alguno en los hechos materia de la querella”, afirmó.
El tribunal acogió la petición, dando término al proceso penal. La única vía para reactivarlo es una apelación, recurso que —según adelantó Palamara a Bío Bío Investiga— será presentado.
“Lo encuentro insólito y genera un mal precedente que un funcionario público investigado por corrupción se le permita que contrate su abogado particular con los recursos del mismo órgano respecto al cual defraudó”, cuestionó el querellante.
Paralelamente, en la causa principal por el fallido contrato de compraventa entre el Estado y la sucesión del expresidente Allende —que involucraba a figuras como la ex ministra de Defensa Maya Fernández e Isabel Allende—, la Fiscalía ya había anunciado su decisión de no perseverar, al no reunir antecedentes suficientes para sustentar una acusación.
Tras ese anuncio, Palamara presentó una ampliación de querella por prevaricación administrativa y perjurio contra Boric. Sin embargo, el Séptimo Juzgado aún no admite a trámite ese escrito, a la espera de la audiencia fijada para el 2 de enero, donde se formalizará la decisión del Ministerio Público en la causa original.
Con el sobreseimiento decretado este viernes, el caso que abrió la polémica por el financiamiento de la defensa presidencial queda cerrado —al menos por ahora—, mientras la atención se traslada a la inminente apelación y a la definición judicial pendiente para comienzos de 2026.
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