Revelan chats de Alberto Larraín que mencionan a Claudio Orrego antes de millonaria adjudicación del caso ProCultura
Conversaciones del imputado fueron reveladas tras su formalización y antes de la adjudicación de un millonario programa del Gobierno Regional Metropolitano.
Las conversaciones privadas del psiquiatra imputado en el caso ProCultura fueron dadas a conocer tras quedar con arraigo nacional y se refieren al gobernador de Santiago en el contexto previo a la asignación del programa “Quédate”, por más de $1.600 millones.
Jueves 5 de febrero de 2026 | Por Rodrigo Cabello
Luego de que el psiquiatra Alberto Larraín quedara sujeto a la medida cautelar de arraigo nacional, se revelaron conversaciones privadas del imputado en el marco del caso ProCultura, las que lo vinculan indirectamente con el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, antes de la adjudicación de un millonario programa de prevención del suicidio.
Los chats fueron difundidos en un reportaje de T13 y se conocieron tras la formalización de Larraín y otros imputados de la causa, en la que el 7° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de arraigo nacional para el psiquiatra, así como para María Constanza Gómez, Evelyn Magdaleno y María Teresa Abusleme. En tanto, Gabriel Prado quedó con arraigo nacional y arresto domiciliario total.
Las conversaciones corresponden a intercambios entre Larraín y colaboradoras de la Fundación ProCultura, en los que se menciona al gobernador Orrego en fechas previas a la adjudicación del programa “Quédate”, iniciativa de prevención del suicidio financiada por el Gobierno Regional Metropolitano por un monto de $1.683.788.000.
De acuerdo con la investigación que lidera la Fiscalía de Antofagasta, el convenio habría sido asignado sin licitación pública y no se habría ejecutado en su totalidad, existiendo cerca de $1.000 millones cuya rendición estaría siendo cuestionada por el Ministerio Público.
Según el reportaje, 20 días después de que Orrego asumiera como gobernador regional en julio de 2021, ya existía un grupo de WhatsApp integrado por Larraín y las imputadas María Teresa Abusleme y Evelyn Magdaleno, donde se hablaba de minutas y posibles reuniones para presentar proyectos al Gobierno Regional.
En uno de los mensajes, Larraín señala: “Yo le dije a Claudio que nos contactaron de Magallanes para hacer el primer plan regional de salud mental, pero él quiere ser el primero”.
El reportaje también recuerda que Larraín trabajó con Orrego desde 2011, cuando este último era alcalde de Peñalolén. En otro chat, el imputado escribió: “Ganó Orrego (…) Muy bueno para nosotros”, y posteriormente indicó que la autoridad le habría pedido asistir a su ceremonia de asunción.
En un mensaje posterior, Larraín afirmó: “Orrego me quiere pasar como dos mil millones”, en referencia a fondos públicos destinados a salud mental, tres semanas antes de que el proyecto fuera presentado ante el Consejo Regional, el 7 de junio de 2022.
Un día después de ese mensaje, Larraín fue designado —a propuesta de Orrego— como director de la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de la Región Metropolitana. Tres semanas más tarde, la Fundación ProCultura, dirigida por el propio Larraín, se adjudicó los más de $1.600 millones del programa “Quédate”. Según el Ministerio Público, el mismo día en que se transfirieron los recursos, estos fueron depositados en fondos mutuos, lo que es objeto de investigación.
Tras el estallido del Caso Convenios en 2023, Larraín renunció a su cargo. Ese mismo día, de acuerdo con el reportaje, el gobernador Orrego le habría enviado un mensaje vía Telegram a las 11:36 horas: “Hola hermano… por cualquier cosa revisa los WhatsApp por si tenemos algo complejo”.
Paralelamente, el Ministerio Público busca avanzar en una solicitud de desafuero contra Claudio Orrego, la cual podría ser revisada la próxima semana por la Corte de Apelaciones de Santiago, una vez que la causa sea puesta en tabla.
Consultados por el medio que reveló los chats, Orrego y su equipo señalaron que no realizarían comentarios sobre el caso.
Cabe señalar que existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo que no se debe considerar a los imputados como culpables mientras no exista una sentencia judicial firme, conforme a lo establecido en el artículo 4 del Código Procesal Penal.
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