Alcaldesa de Lo Espejo denuncia que narcotraficantes ofrecieron $100 millones para asesinarla
Seguridad | Región Metropolitana
Javiera Reyes, quien cursa ocho meses de embarazo, presentó una denuncia ante el Ministerio Público tras conocer antecedentes que indicarían que bandas del sector habrían reunido dinero para contratar a un sicario extranjero.
Miércoles 11 de febrero de 2026 | Por Rodrigo Cabello
La alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, denunció ante el Ministerio Público una grave amenaza en su contra: narcotraficantes del sector habrían ofrecido $100 millones para pagar a un sicario con el objetivo de asesinarla. La autoridad comunal, que actualmente tiene ocho meses de embarazo y cuenta con resguardo policial permanente, aseguró que la información fue obtenida a través de antecedentes corroborados y personas identificadas.
En entrevista con La Segunda, la jefa comunal reveló que los antecedentes surgieron a partir de “voces vecinales”, aunque precisó que no se trata únicamente de rumores. Según explicó, existirían personas identificadas y datos que fueron contrastados antes de formalizar la denuncia.
“Me transmitieron que le pusieron valor a mi muerte, ofrecieron entre varias bandas de narcotraficantes, $100 millones de pesos por mi cabeza“, afirmó Reyes.
De acuerdo con su relato, la amenaza estaría vinculada a recientes acciones impulsadas por el municipio en contra de puntos asociados al narcotráfico, entre ellas la demolición de la sede del Club Deportivo Varsovia. La alcaldesa sostuvo que estas decisiones han afectado intereses delictuales en el territorio.
“Tanto la demolición del club deportivo (Varsovia) y otras acciones, como los retiros de cámaras de seguridad en casas particulares y portones que dan cuenta de búnkers para vender drogas y permitir acciones de narcotráfico. La sede que se demolió ya no tenía foco deportivo“, señaló.
Reyes destacó además el respaldo recibido por parte del delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán; de Carabineros; y del gobernador de Santiago, Claudio Orrego. “Ese lugar ahora será transformado para nuestras vecinas y vecinos“, agregó respecto del espacio intervenido.
Detalles de la denuncia
Según la información entregada, el antecedente principal provendría de un testigo que escuchó una conversación entre dos hombres. Uno de ellos, identificado como “Diego”, de 40 años y domiciliado en la población José María Caro, le habría comentado a otro sujeto —de aproximadamente 30 años— que tras la demolición del club Varsovia, el denominado “Poroto” y otros narcotraficantes del sector habrían reunido $100.000.000 en efectivo para pagarle a un extranjero con el fin de concretar el homicidio.
En el relato también se menciona a Héctor Cárdenas, sindicado como un conocido narcotraficante del sector, quien habría sido vinculado en reportajes anteriores a redes delictuales en la zona.
A estos antecedentes se suma otro episodio ocurrido el viernes 30 de enero de 2026, cuando la alcaldesa realizaba actividades territoriales frente al supermercado aCuenta, en avenida Lo Ovalle. En esa instancia, un hombre en estado de ebriedad se le acercó para manifestarle su apoyo y señalarle que “lamentaba mucho quisieran atentar contra su vida“.
La autoridad también ha recibido amenazas a través de redes sociales, particularmente tras el rechazo de una patente comercial a una botillería que funcionaba en el club Varsovia.
Protección policial y embarazo
Desde 2025, Javiera Reyes cuenta con Protección de Personas Importantes (PPI), manteniendo resguardo policial permanente debido a amenazas previas. Este escenario ocurre mientras atraviesa el octavo mes de embarazo de su primer hijo.
Pese al complejo contexto, la alcaldesa aseguró que esta etapa también le ha fortalecido. Reconoció que ha sido un proceso difícil, pero afirmó que le “ha dado más valentía” para continuar con las acciones que, según indicó, buscan recuperar espacios para la comunidad y enfrentar al crimen organizado en la comuna.
El Ministerio Público deberá ahora determinar la veracidad y alcance de los antecedentes entregados, en un caso que vuelve a poner en evidencia la tensión entre autoridades locales y redes de narcotráfico en la Región Metropolitana.
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