Claudio Orrego en la mira: Fiscalía Oriente lidera investigación por uso de fondos públicos para campaña de reelección

Este lunes, Carabineros llevó a cabo diligencias en las oficinas del Gobierno de Santiago y en la residencia del gobernador Claudio Orrego, quien enfrenta cuestionamientos por el presunto uso indebido de fondos públicos destinados a su campaña para la reelección.

La investigación es encabezada por la Fiscalía Oriente, tras un informe emitido por la Contraloría General de la República que detectó serias irregularidades en la gestión del Gobierno de Santiago.

La Contraloría identificó pagos que superan los $237 millones en actividades y contrataciones bajo sospecha, lo que ha generado un intenso debate político y jurídico.

Entrega voluntaria de dispositivos electrónicos

Aunque se esperaba que la Fiscalía materializara órdenes de entrada y registro en los mencionados lugares, esto no fue necesario. Orrego y su defensa penal entregaron de forma voluntaria los dispositivos electrónicos requeridos, lo que fue confirmado por la Fiscalía.

El propio gobernador, mediante un comunicado, aclaró que “no hubo allanamiento” y que tanto él como su equipo colaboraron plenamente con la investigación.

Los hallazgos de Contraloría

El informe de Contraloría detalla cuatro puntos críticos en la gestión de Orrego:

  1. Coaching ontológico: Un gasto de más de $31 millones en actividades asociadas presuntamente a su campaña.
  2. Tratos directos irregulares: Contratos por bienes y servicios de consumo por $51 millones sin respaldo documental adecuado.
  3. Consultorías cuestionadas: Un contrato por $46 millones sin pruebas de ejecución.
  4. Idoneidad en contrataciones: Un contrato por $109 millones cuya justificación fue insuficiente.

Estos antecedentes han llevado a consejeros regionales del Partido Republicano y de la UDI a anunciar que presentarán una solicitud ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para la destitución de Orrego.

Impacto político y próximo escenario

El caso ha desatado una tormenta política, con la oposición exigiendo explicaciones inmediatas y medidas drásticas. Mientras tanto, la Fiscalía Oriente avanza en las indagatorias para determinar la existencia de responsabilidades penales en el uso de recursos públicos.

El futuro político de Claudio Orrego pende de un hilo, en un escenario donde el juicio ciudadano y la acción de los organismos persecutores marcarán el desenlace de este controversial caso.